Aunque está contemplada, para priorizar la "inclusión" ya no se la aplica ante faltas graves ni en colegios públicos o privados

"El año pasado me sancionaron porque nos peleamos en la esquina del colegio con unas chicas de tercer año. Tuve que ir durante un mes a clasificar libros a la biblioteca y ayudar a la maestra del jardín de infantes. Estuvo bueno porque habíamos hecho algo malo y después es como si lo hubiésemos reparado haciendo algo que es un bien para otros. Si me hubiesen suspendido, hubiese vuelto al colegio sin haber tomado conciencia de nada."

La reflexión de Johanna Huarte Conte, de 17 años, alumna de un colegio privado porteño, refleja la principal objeción de los estudiantes secundarios a la sanción más generalizada -y prácticamente la máxima que se aplica hoy en día- frente a una transgresión grave del reglamento escolar: la suspensión o, lo que es lo mismo, la aplicación de faltas.

En estos días, en los que las autoridades del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) aún analizan qué hacer con los alumnos que profanaron la iglesia San Ignacio de Loyola , en otros establecimientos se cuestiona el sistema de disciplina escolar. Desde la creación de los consejos de convivencia, sobre todo en los colegios públicos desaparecieron las amonestaciones y las expulsiones y fueron sustituidas, ante los casos más graves, por la suspensión o el cambio de turno. Con el argumento de la "inclusión", la expulsión dejó de ser una sanción factible.

En los colegios de gestión privada el panorama no es muy diferente: como sanción las autoridades optan por obligar a los alumnos a realizar "tareas solidarias" o trabajos prácticos con retención en el edificio en horarios fuera de clase, incluidos los sábados. Sólo en el peor de los casos, se apela al derecho de admisión para no matricular a un alumno al año siguiente, con eufemismos como señalar que es "problemático" o que estará "más cómodo" en otro establecimiento.

Según las escuelas se consideran transgresiones al reglamento usar gorra o piercing en el rostro, fumar o drogarse en el establecimiento, faltar el respeto a alguien y, obviamente, agredir físicamente a otro o a los muebles o edificio. Las sanciones suelen observar un sistema gradual que va desde la simple nota a los padres, observaciones y advertencias hasta la suspensión o cambio de turno.

Gustavo Iaies, director del Centro de Estudios en Políticas Públicas, considera que "los chicos no perciben si cumplir la norma es lo mismo que no cumplirla porque ven que después de la falta 24 ponen la 24 bis o, donde hay amonestaciones, después de la 25 ponen la 25 bis. No terminamos de definir si una escuela inclusiva es para todos o para todo, porque abrirla a todos no quiere decir que dentro de ella se pueda hacer cualquier cosa".

"El problema es que la mayoría de las normas son enunciativas, son buenas intenciones que no describen cómo lograr los objetivos que se proponen y por eso cada colegio hace lo que puede. Son acciones aisladas. Debería haber sistemas que desarrollen habilidades para la paz", dijo Adrián Dall'asta, fundador y presidente del Proyecto Padres.

Los estudiantes son, claro, los principales objetores de un sistema severo de sanciones. "A un chico que le dijo gil al vicerrector parece que le van a poner entre 3 y 5 faltas. Si lo máximo dicen que es 6, ¿qué harán si otro hace algo más grave?", se pregunta Sasha Unfer, presidenta del Centro de estudiantes de la Escuela Normal 1. En ese colegio aprovecharon una jornada de debate sobre la reforma del secundario, que se hizo el miércoles pasado, para discutir sobre las sanciones y el régimen disciplinario del código de convivencia interno. "Objetamos que se sancione poniendo faltas porque eso termina sin reparar nada. Sugerimos medidas más reflexivas para generar más conciencia. Por ejemplo, si lo que se hizo es un acto de discriminación proponemos que se tenga que hacer una visita al Inadi", dijo Sasha.

Nicolás Goldman, secretario general del centro de estudiantes del Carlos Pellegrini, coincide. "Si pintás con aerosol una pared, por ejemplo, que te la hagan volver a pintar y así te das cuenta del trabajo que implica."

Pero las autoridades suelen coincidir en el rechazo a sanciones extremas, como la expulsión. La viceministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Ana Ravaglia, opta por mirar cada situación en particular antes de aplicar una norma a ciegas. "Hay que considerar a la sanción como un acto educativo, un impacto que permita reflexionar sobre lo que se hizo y corregir el rumbo. Buscar un efecto reparador -dice-. Pero al alumno no se lo puede dejar sin la vacante porque hay que garantizar la escolaridad."

"La resolución de los conflictos derivados de las transgresiones al orden escolar no deberían quedar definidas exclusivamente en la tensión inclusión-exclusión. Tampoco en la opción entre el disimulo de la gravedad de la falta o una represiva solución. No parece ser el camino efectivizar a través de una expulsión el dicho muerto el perro se acaba la rabia . Ésa es una forma pasajera de manejar el tema. No llega a educar, ni a formar ni a sostener. Sólo calma y anestesia por momentos a la población escolar y a la opinión pública", opina Mauricio Ocampo, doctor en Educación y director del Colegio Piaget, de San Isidro.

Como los adolescentes, los padres también tienen distintas actitudes. "La mayoría, cuando el que transgredió la norma es su hijo, pide contemplación, contención, misericordia; cuando se trata del hijo de otro, pide que lo expulsen", dijo Eduardo Cazenave, rector del colegio para varones San Juan Precursor. Y admitió que tener que pedir a un alumno que se vaya del colegio es admitir un fracaso de toda la institución. "Tratamos de no llegar a expulsar o rechazar a nadie, pero si se llega a una situación insostenible intentamos persuadirlo de que se cambie de colegio. Si un alumno se va, es por algo que no supe o no fui capaz de modificar."

"Hay que pensar en nuevos dispositivos disciplinarios -concluye Ocampo-. No es fácil ese camino. En esto, hoy en día no hay diferencia entre el sistema público de gestión estatal o de gestión privada de la educación. Ambos regímenes pueden elaborar acuerdos de convivencia originales que incluyan una enorme cantidad de sanciones, así como caminos reparatorios y de reflexión. Pero eso no implica en absoluto tolerar cualquier cosa.".

Del editor: qué significa.

Como en el resto de la sociedad, las sanciones son políticamente incorrectas. Se las considera "represivas" y poco útiles para resolver conflictos.

www.lanacion.com.ar  13/10/13

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