Son tres iniciativas presentadas por Aníbal Fernández. Una dispone la obligatoriedad de un examen a los 18 meses de vida, para el diagnóstico. Otro, una licencia laboral a los padres de seis meses sin goce de sueldo pero con subsidios del Estado. 

Con el propósito de posibilitar la detección temprana del autismo y otorgar facilidades a los padres para el cuidado del niño afectado, el senador nacional Aníbal Fernández (FpV) presentó tres proyectos de ley que contemplan de manera abarcativa distintas aristas del problema.

“La idea es crear conciencia” sobre ese padecimiento para ser “más inclusivos”, sostuvo el legislador. Los proyectos también contemplan sanciones para las prestatarias de salud que no brinden los tratamientos necesarios y adecuados.

El eje de la propuesta es un Protocolo Nacional de Prevención y Detección Temprana de Trastornos de Espectro Autista (TEA) que debería estar incluido en el Programa Médico Obligatorio (PMO). El estudio debería realizarse a los 18 meses del nacimiento, para derivar a los pacientes lo antes posible a un tratamiento específico.

Según un sondeo realizado por la institución estadounidense Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en el mundo una cada 88 personas padece autismo. “No es una enfermedad. Es un conjunto de síntomas generados en el neurodesarrollo cerebral (durante la gestación del niño), por lo que no puede manifestarse tardíamente”, explicó Débora Feinmann, integrante de la Agrupación Padres y Familiares de Niños con Autismo.

“Tenemos que dejar de perder tiempo”, aseveró Fernández. Ese fue el criterio que lo llevó a elaborar el protocolo, del que participaron el Ministerio de Salud nacional –que será la autoridad de aplicación– y diversas organizaciones.

Ese examen deberá hacerlo el médico que asista al niño, a los 18 meses de vida, y deberá ser actualizado “por pruebas que determinen una eficacia mayor”, señala el inciso F del artículo 2. Se trata de un cuestionario del de-sarrollo comunicativo y social en la infancia (M-CHAT/ES, según sus siglas en inglés) que consta de una veintena de preguntas cerradas tales como: ¿Muestra interés por otros niños o niñas? ¿Le gusta subirse a sillones? ¿Puede jugar adecuadamente con piezas o juguetes pequeños (cochecitos, muñequitos o bloques de construcción) sin únicamente chuparlos, agitarlos o tirarlos?

El segundo proyecto apunta a enmendar un “problema”, ya que impulsa la modificación del artículo 6 de la Ley 24.901 de Discapacidad que en noviembre del año pasado obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados. “Estamos muy preocupados porque ese artículo fue modificado en la Comisión de Salud y es más regresivo que el anterior”, opinó Feinmann. Esa redacción establece que las prestadoras deberán cumplir únicamente con tratamientos que figuren en una nomenclatura para quienes padecen autismo, lo que significaría un escollo para el acceso a los tratamientos disponibles, que hoy se logran mediante recursos de amparo. En ese sentido, la iniciativa propone “la libre elección de prestadores, porque no todos tienen especialistas en autismo”, sostuvo Feinmann. Y contempla una multa para quien no cumpla que “no podrá ser inferior al doble del importe de la prestación incumplida y que podrá ser aumentada hasta diez veces”.

Cuestiones como el derecho a la educación y el trabajo también están consideradas. “El chico no puede ser aislado, justamente, ése es uno de los mayores problemas que tienen. Para integrarlos tienen que asistir a una escuela común, con maestras integradoras”, agregó la integrante de la organización de familiares.

¿Cómo harán los padres para cuidar de sus hijos? La tercera iniciativa plantea garantizar una licencia especial de seis meses sin goce de sueldo, tiempo durante el que, madre o padre percibirán una asignación familiar equivalente a la remuneración que estaría cobrando si se hubiera reintegrado a su empleo.

Informe: Carla Perelló. 

www.pagina12.com.ar  01/09/12

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