A pesar de los reclamos, el gobierno nacional no ha dado una respuesta concreta

LA PLATA.- Aunque se había comprometido a recibirlos el lunes último, el jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich , no se reunió con representantes de instituciones que trabajan con personas discapacitadas que reclaman desde hace semanas por el atraso en los pagos de las prestaciones médicas, educativas, ocupacionales y asistenciales que brindan a unas 100.000 personas con diferentes impedimentos en todo el país.

Del encuentro también estaba previsto que participaran funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación, de la Comisión Nacional de Personas con Discapacidad (Conadis), del PAMI y de las carteras de Trabajo y Educación del gobierno nacional, según habían anticipado fuentes oficiales.

A pesar de la falta de respuestas del gobierno nacional, en el centro de la contienda está el programa oficial Incluir Salud, a través del cual la cartera sanitaria destina fondos a escuelas, hogares, centros de día y otros establecimientos operados por ONG que asisten a niños y adultos con diferentes discapacidades.

Tanto el ministerio como el PAMI y otras obras sociales tienen importantes atrasos en los pagos de las prestaciones, lo que pone en peligro la continuidad de la tarea, según afirman los representantes de esas instituciones.

Hace casi dos semanas, el 27 de marzo último, las ONG afectadas por el retraso del Gobierno en los pagos previstos marcharon a la Plaza de Mayo, para hacer oír su queja.

Previamente, las instituciones habían hecho saber a los padres de los chicos que se atienden en ellas, a través de un comnicado, que la situación ponía "en riesgo la continuidad" de las prestaciones.

"Se hace imposible soportar cinco meses de atraso en los pagos y una inadecuada actualización de los aranceles", decía el texto que recibieron los padres de los chicos.

"Le pedimos a la Presidenta de la Nación, a través de un petitorio, que intervenga ante sus funcionarios", afirmó a LA NACION el sacerdote católico Pablo Molero, titular del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Foro-Pro), que nuclea a las entidades que trabajan en el área.

"Hay un atraso generalizado en el sistema, que afecta a unas 30.000 personas", sostuvo Daniel Lipani, vicepresidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (Aiepesa).

"Los pagos que hacen el Ministerio de Salud en forma directa o las obras sociales tienen un atraso de cinco a ocho meses. Estamos en estado de alerta", expresó Lipani ante la consulta de este diario.

Como las distintas discapacidades requieren diferentes tipos y niveles de atención, los montos que el Estado y las obras sociales deben pagar por las prestaciones varían mucho. Pero, por ejemplo, un adolescente que concurre a un centro de día para educación en una escuela y es atendido por un psicólogo, un asistente social y otros profesionales puede requerir un estipendio de unos 7000 pesos mensuales. "Es poco", consideró Lipani.

"Los valores se han ido atrasando en los últimos dos años, porque se dispusieron incrementos inferiores a la inflación. El 70 por ciento de los costos corresponden a sueldos y honorarios. Reclamamos también que se actualice el arancel", añadió el representante de Aiepesa.

Jorge Capitanich había recibido a miembros de las entidades nucleadas en el Foro-Pro ,el 25 de marzo último, dos días antes de la marcha que efectuaron en la Plaza de Mayo. En aquel momento, el jefe de Gabinete nacional les había prometido a las organizaciones darles una respuesta a sus reclamos en un plazo de entre dos y tres semanas.

www.lanacion.com.ar  10/04/14

• Previo
• Siguiente