A diferencia de lo que ocurre en muchos países de la región, la legislación argentina prohíbe divulgar la información sobre evaluaciones educativas; esto impide comparar entre establecimientos y corregir las deficiencias 

A un padre que quiere elegir para su hijo un colegio que tenga buena calidad educativa , sin importarle que sea de gestión pública o privada, o a otro que aspire a comparar los resultados de la escuela a la que ya concurren sus niños con los de otros establecimientos de su barrio, les resultará muy difícil si no imposible saberlo en la Argentina.

Dos leyes y algunas disposiciones del Indec prohíben explícitamente la difusión de los resultados de las evaluaciones de la calidad educativa detallados escuela por escuela.

"La Argentina parece estar yendo en una dirección diferente a la del resto de América latina en materia de evaluación educativa", dijo durante una ponencia que dio recientemente en Buenos Aires , Alejandro Ganimian, un argentino que hace su doctorado en la Universidad de Harvard.

Países como México o Brasil ofrecen sitios en la Web que permiten conocer "la nota" que sacó cada escuela en diferentes pruebas de calidad y compararlas entre sí.

En la Argentina, por el contrario, está prohibido. "La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia", dice el artículo 97 de la ley nacional de educación, sancionada en 2006.

La misma norma que crea el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la ley N° 17.622, establece en su artículo 10 que las informaciones que se suministran a los organismos del Sistema Estadístico Nacional "serán estrictamente secretas y sólo se utilizarán con fines estadísticos". Los datos se pueden suministrar y publicar, en compilaciones de conjunto, "de modo que no pueda ser violado el secreto comercial ni patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieren".

Y la reglamentación de esa norma -el decreto 3110/l70, que regula el Sistema Estadístico Nacional (SEN)- precisa que "las declaraciones y/o informaciones individuales no podrán ser comunicadas a terceros -aunque se trate de autoridades judiciales o de servicios oficiales ajenos al SEN- ni utilizadas, difundidas o publicadas en forma tal que permitan identificar a la persona o entidad que las formuló".

En su exposición, Ganimian afirmó: "La principal forma en la que los ciudadanos nos enteramos de cómo va la educación es a través de evaluaciones estudiantiles y docentes y esas evaluaciones son claves para generar consensos sobre reformas educativas".

La intención de preservar la identidad de los establecimientos y de los alumnos, al difundir los datos sobre su rendimiento, es "difícil de justificar", según Ganimian. "Es simple matemática la que llega a deducir que [si se difunden los datos] al alumno o escuela que le va peor tendrán más posibilidades de mejorar", dijo en diálogo con LA NACION desde los Estados Unidos.

No obstante lo cual, advirtió: "Hay que ser humilde en cuanto al impacto esperable de la difusión de información porque no es mágica y debe ir acompañada de buenas decisiones".

"Toda información puede ser usada para bien o para mal", dijo el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, que como diputado nacional fue autor del proyecto de ley nacional de educación alternativo al que actualmente rige.

Persuadido de que al conocer su rendimiento las escuelas pueden preocuparse más por mejorar, Bullrich anticipó que, en breve, se publicarán los niveles de calidad educativa por comunas.

"Esto no es una cuestión de blanco o negro; hay formas alternativas", aseveró a LA NACION el ex ministro de Educación de la Nación, Juan Llach. Estudioso del área, admitió que la difusión de los resultados de calidad escuela por escuela puede favorecer la temida estigmatización de los establecimientos "porque el principal determinante de esos resultados es el nivel socioeconómico de los alumnos".

De ahí que Llach sugiere un paso intermedio: dar a conocer los resultados de las evaluaciones de calidad educativa a los padres, directivos y docentes de cada escuela durante varios años, para luego, en una etapa posterior, levantar la prohibición para su difusión pública.

Las evaluaciones de calidad ofrecen "muchos detalles de las fortalezas y las debilidades de cada escuela y pueden ser útiles para, a partir de esa información, mejorar las prácticas y la capacitación docente . Además, las autoridades pueden diseñar políticas escuela por escuela porque saben cuáles son las que van mejorando y cuáles las que aún necesitan más ayudas".

ONE, UNA PRUEBA TRIENAL

En la Argentina se toma desde 1993 y cada tres años la prueba conocida como Operativo Nacional de Evaluación (ONE). Es una muestra de escuelas de gestión pública en 3º y 6º grado de primaria y 2º, 3º y 5º o 6º del secundario, según el distrito. Los resultados de esa evaluación sólo son comparables desde 2005 y se publican generalmente tras dos o tres años luego de su realización. Desde 2010 también se toma esa prueba a todos los alumnos de los últimos años del nivel medio..

Del editor: qué significa. La transparencia en la gestión educativa, incluida la difusión de evaluaciones, debería contribuir a mejorar las decisiones familiares y sociales.

Por Silvina Premat 

Ocultar la realidad no nos hace mejores 

El libre acceso a la información en una cuestión tan importante para la gente como la educación, es esencial en una sociedad moderna que respete los derechos básicos de sus habitantes. Somos un caso único en el mundo, con una legislación que en cuestión de calidad de la educación niega este derecho esencial a todos sus habitantes.

Esto es lo que ocurre con los resultados de las evaluaciones de calidad educativa que hacen las autoridades, ya que el artículo 97 de la ley de educación nacional fija que "la política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de. las instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización..."

Es curioso que para no estigmatizar se niega el derecho de padres, entidades vecinales, asociaciones escolares y autoridades de pueblos y ciudades, de conocer el nivel de sus escuelas.

Es una lástima tener leyes tan poco republicanas y tan lejos de la práctica universal de libre acceso a la información sobre la calidad escolar. En México existe el programa Enlace con libre acceso por Internet de cualquier padre de familia, que puede así conocer el nivel de la escuela de su hijo y comparar con otras escuelas. Lo mismo ocurre en Colombia con las pruebas Saber en los niveles escolares 3º, 5º, 9º y 11º.

En Brasil todos tienen libre acceso a los resultados de la prueba IDEB implantada por Lula para mejorar el nivel primario; lo mismo ocurre con la prueba ENEM, conociendo así el nivel de cada establecimiento secundario. Chile difunde, anual y libremente, los resultados escuela por escuela de la prueba PSU al finalizar el ciclo secundario. También hay libre acceso a la información en Ecuador, Perú, Guatemala y Costa Rica y en los países industrializados.

La estigmatización no ocurre por conocer la realidad sino por la declinación de la educación, la dolencia febril no se cura escondiendo el termómetro. No es sensato que los únicos que conozcan la realidad sea un puñado de burócratas, negando así un derecho básico a la gente. Si ocultamos la realidad, ¿cómo haremos por mejorarla? Es urgente derogar esta prohibición y es también una política para elevar la calidad de la escuela.

Por Alieto Guadagni 

www.lanacion.com.ar 20/11/12

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