Mientras algunos especialistas del campo educativo continúen respondiendo al problema de la desigualdad que la escuela replica con fórmulas como “entusiasmar a los alumnos”, o “la repitencia como método que les hace bien a los chicos”, seguiremos muy lejos de explicar las deficiencias reales del servicio educativo y más lejos aún de poder resolverlas.

La oferta educativa funciona dentro de un sistema, es decir, está organizada en un conjunto de instituciones, normas y procedimientos y ejecutada por funcionarios y profesionales orientados al logro de determinados objetivos, fijados por leyes. Entre las obligaciones de las autoridades máximas del sistema, el ministerio nacional de Educación, y los resultados finales de aprendizaje de los alumnos, existen reglas y acciones de los ministerios provinciales, instituciones formativas de docentes, autoridades intermedias de control e inspección, direcciones de escuelas, plantas docentes y sindicatos.

Veamos un ejemplo. En el Ministerio de Educación de la Nación se han reunido sus equipos técnicos y los de los ministerios provinciales, han debatido en profundidad hasta lograr acuerdos sobre qué enseñar y cómo en Matemáticas, Lengua, Ciencias, etc. Para que estos acuerdos se hagan realidad en las aulas, deberán transitar por directivas provinciales, programas de apoyo y formación en las instituciones terciarias y entre los docentes en actividad.

Si en algún lugar, un ministerio provincial o en sus niveles intermedios, la cascada de políticas educativas por algún motivo se detiene o toma otro cauce, no tendremos los resultados esperados. Tampoco los tendremos si las escuelas están en condiciones físicas inadecuadas o carecen de recursos profesionales para atender la población que asiste a ella. O si los sueldos docentes son bajos y hay paros frecuentes, si el sistema carece de premios y castigos en toda la escala, entre otras causas.

Uno podría creer y desear que las direcciones de las escuelas y sus equipos de conducción y de enseñanza se conformen por reglas y decisiones ajustadas a las necesidades pedagógicas de cada institución. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es así. En la provincia de Buenos Aires (40% del sistema educativo), las regulaciones para conformar los cargos están dispuestas dentro del Estatuto del Docente y son administrativas y personales y no pedagógicas e institucionales. El director no tiene ninguna injerencia sobre el personal que tiene asignado en su escuela ni puede pedir personal adicional, ni modificar su planta. Esta fue definida previamente según una fórmula administrativa del año 1995 donde se relaciona el número de alumnos y el personal y se establece su aplicación gradual. Una Comisión integrada por el Inspector Jefe de Región, de Ramas y gremios analizan los cargos cubiertos, el número de alumnos y de docentes y de vez en cuando llaman a cubrir los cargos que faltan. En ningún caso el director puede lograr nuevos cargos que tengan que ver con su “proyecto pedagógico”, si es que lo ha definido, y mucho menos remover los que tiene. Tampoco define la organización del trabajo y la distribución horaria de sus docentes. Estos vienen asignados externamente a un cargo que eligieron en otro lugar y que negocian luego en la escuela de acuerdo a sus personales necesidades horarias, sin vinculación con las necesidades de la escuela.

El director tiene la obligación de calificar a los docentes, pero en la práctica y salvo que un docente realice un acto penal contra sus alumnos, la calificación siempre es ”muy buena”, porque se preserva la situación laboral del docente y prima la solidaridad profesional por sobre la lógica de calidad del servicio. A la vez, el director es evaluado por el supervisor con igual lógica -para preservar su cargo- por lo que el ejercicio de la evaluación interna del sistema es una rutina administrativa que en ningún caso califica el trabajo y sus resultados.

¿Cómo llega un docente o un director a una escuela determinada? Lo elijen ellos mismos en base a la información sobre la necesidad de cobertura de cargos que tiene el distrito escolar de un lugar y el “Acto Público” que se hace para cubrirlos. Asisten los docentes interesados, eligen el cargo y la escuela y compiten con su puntaje, muy amañado porque contiene la evaluación “formal” del directivo de la escuela donde se desempeñó. Para ser supervisor del sistema no se requiere formación específica, solamente sortear un coloquio desvirtuado por razones políticas. Los inspectores tienen la obligación de asistir con cierta periodicidad (no fijada) a las escuelas pero en la práctica y salvo que lo pida la escuela, raramente concurren. De ella recogen información estadística y administrativa. No se ocupan de los procesos de enseñanza. Salvo casos excepcionales y a pedido de la dirección de la escuela pueden observar la actividad de algún docente. En la práctica, la inspección eleva a los funcionarios del ministerio información estadística y administrativa como altas y bajas de docentes y de alumnos y tasas de repitencia. Pero la información es evaluada como poco confiable y no genera ninguna acción posterior como indagar y actuar sobre el ausentismo de docentes o de alumnos, o la pérdida de matrícula, o la repitencia.

Por eso, si los especialistas e interesados en la educación no ayudan a esclarecer los sabidos problemas reales del sector, estaremos muy lejos de mejorar sus resultados, más allá de las capacidades de equilibristas que tengan los docentes o la facultad de hacer repetir a sus alumnos.

Susana Decibe, Ex ministra de Educación, Ciencia y Tecnología

www.clarin.com 17/12/14

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